jueves, 11 de octubre de 2007
CARTA DEL EMBAJADOR BOLIVIANO SIXTO VALDEZ AL DIARIO EL CLARINBuenos Aires, 10 de octubre del 2007SeñorRicardo KirchbaumEditor General del diario ClarinPresente.-Ref.- Historietas cómicas sobre Bolivia y bolivianosSeñor editor:La Embajada de Bolivia en la Argentina, le hace conocer que las historietas cómicas bajo el nombre de “La Nelly”, cuyo autor es Langer y Rubén Mira, correspondientes a las ediciones de Clarín del 8, 9 y 10 de octubre, han generado una profunda molestia en la Colectividad Boliviana residente en Argentina, en el pueblo boliviano y en el gobierno de mi país.La libertad de expresión e información no puede ser confundida con el libertinaje para ignorar, ofender, insultar, humillar y acusar.1.- En dichas tiras cómicas se dice que Bolivia es “capital” de Irán. Y esto no lo aceptamos. Bolivia es un país soberano, digno, libre y democrático, que tiene un presidente indígena, que llegó al gobierno con el 54% del respaldo popular, votación que nunca fue lograda por otro partido político en los 25 años de recuperada la democracia.El caricaturista de “La Nelly” tiene la libertad para emitir una visión sobre las relaciones internacionales de los países. Pero debe saber que Bolivia es un país libre para firmar acuerdos con cualquier nación buscando la paz y el desarrollo.El Presidente Morales está en contra de las armas, el terrorismo, el narcotráfico, la violencia, el uso de la tecnología que acaba con la vida.Por ello propuso que en la nueva Constitución Política -que está siendo redactada- se elimine “el derecho a la guerra” y no se permita las bases militares extranjeras.En Bolivia se está trabajando por la vida y no por la muerte. La vida resultado del respeto a las leyes y a la naturaleza; la paz fruto de la justa distribución de los recursos económicos y naturales; la inclusión de los que eternamente fueron marginados del acceso a la tierra, a la salud, a la educación.2.- “Les bloquearemos sus puertos”, es otra de las frases que aparece en las caricaturas. Se da a entender que Bolivia tiene mar. Usted sabe que mi país no cuenta con una costa marítima desde hace más de un siglo y que hoy tiene la esperanza de volver a los puertos, a través de diálogo pacífico y diplomático. Burlarse de un tema sensible y patriótico como la mediterraneidad, es inaceptable.3.- Insistentemente, el caricaturista utiliza la palabra “chola” que en Bolivia tiene una connotación racista, despectiva y humillante. ¿No será que más allá del significado semántico de dicha palabra, el humorista tiene una intencionalidad xenófoba? Cuando el humorista dibuja a mujeres bolivianas desnudas y un militar desde un barco les dice: “Sal de ahí chola” o “Dale, loca, afloja”, se entiende como un desprecio a los inmigrantes indígenas.En muchas culturas, mostrar a una persona desnuda, es sinónimo de castigo, es una humillación.¿O será que el caricaturista hace referencia a la pobreza y condición indígena? ¿No es esto una actitud retrógrada? ¿Es delito ser inmigrante? ¿Dónde está la solidaridad? ¿En qué queda la integración y la reciprocidad de las naciones y de sus habitantes? ¿No quiere decir que los conquistadores e invasores nos descubrieron desnudos a los indios?4.- Para referirse a las bolivianas que se dedican a la venta de hortalizas, se inventa el nombre de Asociación de Verduleras Bolivianas Argentinas (AVBA) que se puede parafrasear al ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas que con todo derecho y libertad suscribió Bolivia.5.- Se usa la frase: “Claro, gracias a los inspectores de migraciones y de la AFIP experiencia en combate cuerpo a cuerpo, tienen bastante…”. ¿El caricaturista no está buscando poner en duda la moralidad y honestidad de las mujeres inmigrantes bolivianas?6.- Se habla del “eje del mal en el río de la plata”. ¿Con esto se pretende decir que los bolivianos residentes en este país somos malvados? ¿Qué tienen que ver los acuerdos entre Bolivia e Irán con los bolivianos en la Argentina? ¿Por qué mezclar relaciones de dos países con la comunidad boliviana, la producción de tomates y los elevados precios?7.- “Ey, cholas”, es otra de las frases de desprecio que usa “Langer y Rubén Mira”. Pareciera que con esto se busca responsabilizar a los bolivianos de la elevación del precio del kilo de los tomates cuando muchos especialistas aseguran que ese problema es más complejo que la supuesta sed de lucro de unos agricultores o pequeños vendedores.8.- En las tiras cómicas de los tres días, se usa un lenguaje bélico (“conflicto internacional”, “submarino atómico”, “enfrentar”, “eje del mal”, “ejército de verduleras”, “misiles atómicos”, “artillería ligera”, “ojivas nucleares”, “estalló la guerra entre Bolivia y la OTAN” ).¿No será que hoy en día, el mensaje de la comunicación debe usarse para construir la paz y no la guerra?Por todo lo dicho Señor Director, no queremos creer que en su diario se esté usando el humor para humillar a los inmigrantes bolivianos y, especialmente a las mujeres indígenas.La Embajada de Bolivia, espera que el autor de estas ofensivas historietas cómicas se disculpe ante la comunidad boliviana y no descarta asumir las acciones que el caso aconseja, además de denunciar el hecho a nivel nacional e internacional.Con este ingrato motivo, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.Lic. Sixto Valdez CuetoMinistro ConsejeroEncargado de Negocios a.i.EMBAJADA DE BOLIVIA'
Inmigrantes latinoamericanos son los mejor integrados en Italia, dice informe
11-10-2007 - 12:31 h.
Roma EFE Los inmigrantes latinoamericanos en Italia son los más integrados en la sociedad, ya que a la mayoría les gustaría ser como los italianos y obtener la ciudadanía, según la primera investigación social sobre la inmigración presentada hoy en Roma. "El mundo político se arriesga a condenar a su país si en temas como el de la inmigración mantiene prejuicios ideológicos", afirmó el ministro de Interior, Giuliano Amato, durante la presentación del informe "Los inmigrantes: quiénes son, cómo nos ven y cómo los vemos". El informe está acompañado de la guía "En Italia en regla" traducida en ocho idiomas, entre ellas el español, que explica el proceso de regularización en el país. Esta guía, según precisó Amato, "es la mejor forma para evitar los problemas". El ministro de Interior agregó que el Gobierno de Romano Prodi estudia la forma para reducir los trámites burocráticos que los inmigrantes deben efectuar para obtener el permiso de residencia. Del estudio, realizado entre el 50% de los inmigrantes presentes en el país, resulta que los latinoamericanos son los que mejor se integran en la sociedad y los del centro y este de Europa son los que más valoran a los italianos. Mientras que los asiáticos ven a los italianos con distancia y prefieren convivir entre ellos y los africanos creen que los italianos en el fondo son racistas y que aceptan a los inmigrantes por conveniencia, según el informe. Las conclusiones generales del estudio señalan que el 36,7% de los inmigrantes valora a los italianos y desea integrarse en el país, mientras que el 33,2% cree que los italianos son racistas. El 47,4% de los inmigrantes encuestados piensa que el Gobierno italiano debería proponer una convivencia pacífica que mantenga las respectivas culturas y el 19,1% cree que debería fomentar la integración de los inmigrantes. Los resultados del estudio aportan un perfil del inmigrante y señalan que el 53,9% vive en el país desde hace más de cinco años, casi el 30% tiene estudios, el 25% conoce bien el italiano y el 60% sabe un tercer idioma. El 73,5% de los inmigrantes en el país es trabajador, mientras que el 10,9% busca trabajo; entre ellos el 24,5% son obreros y el 12,3% cuidadores de ancianos o niños. El investigador Mario Abis explicó que el sueldo medio de los inmigrantes gira en torno a los 800 euros, "lo que indica que se encuentran en el límite de la precariedad", afirmó. El 15% de los inmigrantes envían dinero a sus países, mientras que el 9,8% afirmó que no gana bastante como para ahorrar dinero. El 43,8% reside con su familia y el 29% lo hace con familiares o amigos; el 64% vive de alquiler, mientras que el 12,3% posee una vivienda. El 36% de los inmigrantes declaró que vino a Italia buscando trabajo, un 34,1% para reunirse con sus familiares y entre sus proyectos para el futuro el 40% piensa en regresar a su país. El estudio también refleja la opinión de los italianos hacia los inmigrantes y señaló que el 54,2% cree que los inmigrantes trabajan en fábricas y en el campo, mientras que una minoría, el 7% opina que piden limosna y el 4% cree que comenten delitos y se prostituyen. Los datos del informe señalan que el 37% de los italianos muestran una actitud cerrada ante los inmigrantes y el 25,2% indiferencia, un "dato preocupante" según señaló Abis. La población extranjera residente en Italia creció entre 2005 y 2006 un 10,1% con respecto al año anterior y alcanzó los 2.938.922 habitantes, según datos publicados el pasado día 2 por el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT. El informe presentado hoy no especificó el número de inmigrantes latinoamericanos regulares que viven en Italia. los tiempos 11/10/07
Roma EFE Los inmigrantes latinoamericanos en Italia son los más integrados en la sociedad, ya que a la mayoría les gustaría ser como los italianos y obtener la ciudadanía, según la primera investigación social sobre la inmigración presentada hoy en Roma. "El mundo político se arriesga a condenar a su país si en temas como el de la inmigración mantiene prejuicios ideológicos", afirmó el ministro de Interior, Giuliano Amato, durante la presentación del informe "Los inmigrantes: quiénes son, cómo nos ven y cómo los vemos". El informe está acompañado de la guía "En Italia en regla" traducida en ocho idiomas, entre ellas el español, que explica el proceso de regularización en el país. Esta guía, según precisó Amato, "es la mejor forma para evitar los problemas". El ministro de Interior agregó que el Gobierno de Romano Prodi estudia la forma para reducir los trámites burocráticos que los inmigrantes deben efectuar para obtener el permiso de residencia. Del estudio, realizado entre el 50% de los inmigrantes presentes en el país, resulta que los latinoamericanos son los que mejor se integran en la sociedad y los del centro y este de Europa son los que más valoran a los italianos. Mientras que los asiáticos ven a los italianos con distancia y prefieren convivir entre ellos y los africanos creen que los italianos en el fondo son racistas y que aceptan a los inmigrantes por conveniencia, según el informe. Las conclusiones generales del estudio señalan que el 36,7% de los inmigrantes valora a los italianos y desea integrarse en el país, mientras que el 33,2% cree que los italianos son racistas. El 47,4% de los inmigrantes encuestados piensa que el Gobierno italiano debería proponer una convivencia pacífica que mantenga las respectivas culturas y el 19,1% cree que debería fomentar la integración de los inmigrantes. Los resultados del estudio aportan un perfil del inmigrante y señalan que el 53,9% vive en el país desde hace más de cinco años, casi el 30% tiene estudios, el 25% conoce bien el italiano y el 60% sabe un tercer idioma. El 73,5% de los inmigrantes en el país es trabajador, mientras que el 10,9% busca trabajo; entre ellos el 24,5% son obreros y el 12,3% cuidadores de ancianos o niños. El investigador Mario Abis explicó que el sueldo medio de los inmigrantes gira en torno a los 800 euros, "lo que indica que se encuentran en el límite de la precariedad", afirmó. El 15% de los inmigrantes envían dinero a sus países, mientras que el 9,8% afirmó que no gana bastante como para ahorrar dinero. El 43,8% reside con su familia y el 29% lo hace con familiares o amigos; el 64% vive de alquiler, mientras que el 12,3% posee una vivienda. El 36% de los inmigrantes declaró que vino a Italia buscando trabajo, un 34,1% para reunirse con sus familiares y entre sus proyectos para el futuro el 40% piensa en regresar a su país. El estudio también refleja la opinión de los italianos hacia los inmigrantes y señaló que el 54,2% cree que los inmigrantes trabajan en fábricas y en el campo, mientras que una minoría, el 7% opina que piden limosna y el 4% cree que comenten delitos y se prostituyen. Los datos del informe señalan que el 37% de los italianos muestran una actitud cerrada ante los inmigrantes y el 25,2% indiferencia, un "dato preocupante" según señaló Abis. La población extranjera residente en Italia creció entre 2005 y 2006 un 10,1% con respecto al año anterior y alcanzó los 2.938.922 habitantes, según datos publicados el pasado día 2 por el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT. El informe presentado hoy no especificó el número de inmigrantes latinoamericanos regulares que viven en Italia. los tiempos 11/10/07
La Pastoral descubre venta de niños en Desaguadero
En la frontera con Perú no hay oficinas estatales que ejerzan el control
Paso limítrofe: comerciantes atraviesan el puente de Desaguadero en un día de feria comercial
Una investigación de la Pastoral de Movilidad Humana realizada en el puesto fronterizo de Desaguadero, compartido con Perú, descubrió que en ese sector algunas familias “venden” a sus niños en 350 bolivianos o los “alquilan” por un mes en 50 a ciudadanos peruanos. La directora de esta investigación, Elizabeth Zabala, afirma: Existen “casos de venta de niños de las comunidades rurales, inclusive hay un regateo, a nosotros nos consternó mucho conocer esto porque son familias realmente pobres las que están en esta actividad”. Esta venta y alquiler de menores fue conocida a través de la oficina de la Pastoral en esa localidad fronteriza, abierta con fines investigativos y de prevención contra la trata y tráfico de seres humanos. La profesional aclaró que los propios padres ofertan a sus pequeños, por lo general en las ferias semanales en la localidad de Desaguadero. En su indagación, conocieron que son familias de las comunidades aledañas a esta localidad, una de ellas San Andrés de Machaca, las que se trasladan a ese mercado, al que asisten campesinos y turistas. Los activistas de la Pastoral de Movilidad Humana averiguaron que los menores son vendidos en un promedio de 350 bolivianos, y los dan en alquiler en 50 por mes para trabajos agrícolas en el territorio peruano. Las edades de los pequeños que son comerciados oscilan entre los 8 a 10 años, indistintamente varones y mujeres. Zabala señaló: “Peruanos los compran, (ellos) pasan la frontera porque sólo es un puente lo que separa a Bolivia del Perú que lo pueden cruzar”. Fines ilícitos La directora de la investigación sospecha, y “casi puede asegurar”, que los compradores tienen el objetivo de someterlos a una explotación laboral o sexual o, “en el peor de los casos”, para tráfico de órganos. La Pastoral todavía no formalizó la denuncia en la Policía Nacional porque todavía se está haciendo un seguimiento para identificar a las familias implicadas en este hecho. Además que en esa región no existe una instancia estatal que denuncie y/o investigue este crimen, pero en noviembre se espera que instalen una Defensoría de la Niñez y Adolescencia en ese municipio para que con ella se pueda incidir en la denuncia de venta y alquiler de niños con “más fuerza”. Los funcionarios de la Pastoral están en un proceso de organizar talleres para las familias de las comunidades comprometidas con el ilícito, para informarles que vender a sus hijos es un delito y hacer que adquieran conciencia de que al entregarlos a extraños, los pequeños son potenciales víctimas de delitos. La profesional manifestó: “No queremos hacer la persecución a los padres sin antes concienciarlos porque son tan culpables ellos, que lo hacen por necesidad, no quiero justificarlos, como el tratante que está comprando. La pena para los tratantes es de ocho a diez años”. Sin controles Observó que los controles migratorios en esa región fronteriza, como en otras del país, son deficientes y esta situación es aprovechada por los traficantes de personas. Esta problemática la identificaron también en el municipio de Villazón, límite con Argentina, por donde son sacados los menores con frecuencia y con “permisos irregulares” para fines de trata, sinónimo de explotación. En esa población, la Pastoral de Movilidad Humana forma parte de una investigación acerca de la explotación laboral contra un adolescente de 14 años, quien fue llevado desde un pueblo de Sucre para trabajar como niñero, pero terminó en una fábrica de bolsas de polietileno, de la que escapó hace dos meses y ahora se encuentra con sus padres. El caso lo investiga la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese lugar. Un censo dice que 3 millones de bolivianos migraron El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Víctor Vacaflores, indicó que tres millones de bolivianos está fuera del país como migrantes. El dato fue mostrado ayer en el seminario “Avanzando hacia Políticas Públicas Migratorias”, organizado por el Ministerio de Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Pastoral de Movilidad Humana y otras instituciones. Vacaflores comentó que la migración “ya no es un problema, es un gran problema para el país” porque su origen es la informalidad de la economía y el desempleo. Patricia Balbuena, representante del Perú, enfocó el tema desde la constatación de que la mayoría de los migrantes de Sudamérica son mujeres, quienes realizan trabajos serviciales en el exterior, como cuidadoras de niños, ancianos, enfermos, empleadas domésticas y hasta en oficios relacionados a la prostitución y la trata de personas. De este seminario participó también el padre Indenilso Bortolotto, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien informó a La Prensa que desarrollan un proyecto en los municipios fronterizos del país con el fin de prevenir la trata y tráfico de menores. “Estamos capacitando, sensibilizando, sobre esta temática para visibilizar la trata y tráfico de menores en estos lugares, y lo que se quiere es coordinar con las Defensorías del Menor, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y que puedan dar cavida al tema, para controlar y evitar esta situación”.la prensa 11/10/07
Paso limítrofe: comerciantes atraviesan el puente de Desaguadero en un día de feria comercial
Una investigación de la Pastoral de Movilidad Humana realizada en el puesto fronterizo de Desaguadero, compartido con Perú, descubrió que en ese sector algunas familias “venden” a sus niños en 350 bolivianos o los “alquilan” por un mes en 50 a ciudadanos peruanos. La directora de esta investigación, Elizabeth Zabala, afirma: Existen “casos de venta de niños de las comunidades rurales, inclusive hay un regateo, a nosotros nos consternó mucho conocer esto porque son familias realmente pobres las que están en esta actividad”. Esta venta y alquiler de menores fue conocida a través de la oficina de la Pastoral en esa localidad fronteriza, abierta con fines investigativos y de prevención contra la trata y tráfico de seres humanos. La profesional aclaró que los propios padres ofertan a sus pequeños, por lo general en las ferias semanales en la localidad de Desaguadero. En su indagación, conocieron que son familias de las comunidades aledañas a esta localidad, una de ellas San Andrés de Machaca, las que se trasladan a ese mercado, al que asisten campesinos y turistas. Los activistas de la Pastoral de Movilidad Humana averiguaron que los menores son vendidos en un promedio de 350 bolivianos, y los dan en alquiler en 50 por mes para trabajos agrícolas en el territorio peruano. Las edades de los pequeños que son comerciados oscilan entre los 8 a 10 años, indistintamente varones y mujeres. Zabala señaló: “Peruanos los compran, (ellos) pasan la frontera porque sólo es un puente lo que separa a Bolivia del Perú que lo pueden cruzar”. Fines ilícitos La directora de la investigación sospecha, y “casi puede asegurar”, que los compradores tienen el objetivo de someterlos a una explotación laboral o sexual o, “en el peor de los casos”, para tráfico de órganos. La Pastoral todavía no formalizó la denuncia en la Policía Nacional porque todavía se está haciendo un seguimiento para identificar a las familias implicadas en este hecho. Además que en esa región no existe una instancia estatal que denuncie y/o investigue este crimen, pero en noviembre se espera que instalen una Defensoría de la Niñez y Adolescencia en ese municipio para que con ella se pueda incidir en la denuncia de venta y alquiler de niños con “más fuerza”. Los funcionarios de la Pastoral están en un proceso de organizar talleres para las familias de las comunidades comprometidas con el ilícito, para informarles que vender a sus hijos es un delito y hacer que adquieran conciencia de que al entregarlos a extraños, los pequeños son potenciales víctimas de delitos. La profesional manifestó: “No queremos hacer la persecución a los padres sin antes concienciarlos porque son tan culpables ellos, que lo hacen por necesidad, no quiero justificarlos, como el tratante que está comprando. La pena para los tratantes es de ocho a diez años”. Sin controles Observó que los controles migratorios en esa región fronteriza, como en otras del país, son deficientes y esta situación es aprovechada por los traficantes de personas. Esta problemática la identificaron también en el municipio de Villazón, límite con Argentina, por donde son sacados los menores con frecuencia y con “permisos irregulares” para fines de trata, sinónimo de explotación. En esa población, la Pastoral de Movilidad Humana forma parte de una investigación acerca de la explotación laboral contra un adolescente de 14 años, quien fue llevado desde un pueblo de Sucre para trabajar como niñero, pero terminó en una fábrica de bolsas de polietileno, de la que escapó hace dos meses y ahora se encuentra con sus padres. El caso lo investiga la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese lugar. Un censo dice que 3 millones de bolivianos migraron El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Víctor Vacaflores, indicó que tres millones de bolivianos está fuera del país como migrantes. El dato fue mostrado ayer en el seminario “Avanzando hacia Políticas Públicas Migratorias”, organizado por el Ministerio de Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Pastoral de Movilidad Humana y otras instituciones. Vacaflores comentó que la migración “ya no es un problema, es un gran problema para el país” porque su origen es la informalidad de la economía y el desempleo. Patricia Balbuena, representante del Perú, enfocó el tema desde la constatación de que la mayoría de los migrantes de Sudamérica son mujeres, quienes realizan trabajos serviciales en el exterior, como cuidadoras de niños, ancianos, enfermos, empleadas domésticas y hasta en oficios relacionados a la prostitución y la trata de personas. De este seminario participó también el padre Indenilso Bortolotto, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien informó a La Prensa que desarrollan un proyecto en los municipios fronterizos del país con el fin de prevenir la trata y tráfico de menores. “Estamos capacitando, sensibilizando, sobre esta temática para visibilizar la trata y tráfico de menores en estos lugares, y lo que se quiere es coordinar con las Defensorías del Menor, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y que puedan dar cavida al tema, para controlar y evitar esta situación”.la prensa 11/10/07
lunes, 8 de octubre de 2007
Canciller: migración es una oportunidad, no un delito
(los tiempos 08-10-2007 - 15:12 h.)
Madrid EFE El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó hoy que la migración "debe dejar de ser considerada como un delito para ser entendida como una oportunidad" para el intercambio de conocimientos, tradiciones y valores entre culturas. "Debemos atacar las causas de la migración mediante una lucha corresponsable entre todos los países contra la desigualdad económica entre las naciones del mundo", dijo el ministro boliviano en un acto celebrado en la Casa América, en el marco del Festival VivAmérica que se celebra en Madrid. Esa es la posición del Gobierno de Bolivia, que además apuesta por "buscar una ciudadanía plena que evite restricciones para la circulación de personas y superar las asimetrías que existen en nuestros países", añadió el canciller quien, al igual que el presidente Evo Morales, pertenece a la etnia aimara del altiplano andino. Choquehuanca responsabilizó de los movimientos migratorios actuales al "desarrollo que ha implantado Occidente" y que, en su opinión, ha provocado un problema todavía más grave, el de la enfermedad de la Tierra, un planeta que "está herido de muerte". Ese modelo de desarrollo, dijo, "no solamente ha generado desequilibrios entre las personas, sino también entre las regiones, entre los países y entre el hombre y la naturaleza". Según el ministro boliviano, "el desarrollo busca vivir mejor" mientras que "nosotros, los indígenas, no estamos de acuerdo con eso, no buscamos el vivir mejor, no queremos que nadie viva mejor que el otro, lo que buscamos es el vivir bien". Hoy en día "se construyen muros, se piden visas para admitir el ingreso de súbditos extranjeros" y eso se hace "maltratando a nuestros hermanos, discriminándolos y no compartiendo con ellos una pequeña parte de sus grandes riquezas", prosiguió. De ahí que el Gobierno boliviano no sólo cuestione las normas migratorias de los países europeos, sino también "la deportación diaria de bolivianos desde Madrid, y que muchos son víctimas de malos tratos en los países de destino, de discriminación, abuso y violación de derechos, especialmente los grupos vulnerables". Pese al problema de la emigración que, a su juicio, puede resolverse con voluntad, "el tema central" para el Gobierno de Choquehuanca es que "nuestra tierra está herida de muerte". El cambio del clima, la proliferación de fenómenos atmosféricos de graves consecuencias, la continúa exterminación de especies de animales y plantas o el consumo desmesurado de recursos naturales son algunas de las causas de esa enfermedad y todas ellas, dijo el canciller, son responsabilidad del comportamiento humano. "Si no revertimos este despilfarro, -advirtió- nos vamos todos, migrantes y no migrantes, blancos e indígenas, profesionales y no profesionales, europeos y no europeos". No se libra nadie de las consecuencias de una situación precaria que, según el ministro boliviano, "no es culpa del 80 por ciento de la población mundial que vivimos en situación de pobreza, es culpa de la civilización occidental". Lo que está pasando a nivel medioambiental "nos tiene que llevar a todos a asumir responsabilidades" y "estamos a tiempo, ojalá no sea tarde". Para Choquehuanca, es alentador que ya empiece a hablarse de este problema en los foros internacionales y que ya empiece a cuestionarse el modelo de desarrollo de Occidente, que es el que obliga a muchas personas a emigrar huyendo de la pobreza. Este desarrollo solo ha ofrecido dos caminos a seguir, el del socialismo y el del capitalismo y "los indígenas no estamos con ninguno de los dos caminos". El capitalismo "busca generar más capital" y el socialismo "busca la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes del hombre", mientras que "para nosotros, los indígenas, lo más importante es la vida".
Madrid EFE El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó hoy que la migración "debe dejar de ser considerada como un delito para ser entendida como una oportunidad" para el intercambio de conocimientos, tradiciones y valores entre culturas. "Debemos atacar las causas de la migración mediante una lucha corresponsable entre todos los países contra la desigualdad económica entre las naciones del mundo", dijo el ministro boliviano en un acto celebrado en la Casa América, en el marco del Festival VivAmérica que se celebra en Madrid. Esa es la posición del Gobierno de Bolivia, que además apuesta por "buscar una ciudadanía plena que evite restricciones para la circulación de personas y superar las asimetrías que existen en nuestros países", añadió el canciller quien, al igual que el presidente Evo Morales, pertenece a la etnia aimara del altiplano andino. Choquehuanca responsabilizó de los movimientos migratorios actuales al "desarrollo que ha implantado Occidente" y que, en su opinión, ha provocado un problema todavía más grave, el de la enfermedad de la Tierra, un planeta que "está herido de muerte". Ese modelo de desarrollo, dijo, "no solamente ha generado desequilibrios entre las personas, sino también entre las regiones, entre los países y entre el hombre y la naturaleza". Según el ministro boliviano, "el desarrollo busca vivir mejor" mientras que "nosotros, los indígenas, no estamos de acuerdo con eso, no buscamos el vivir mejor, no queremos que nadie viva mejor que el otro, lo que buscamos es el vivir bien". Hoy en día "se construyen muros, se piden visas para admitir el ingreso de súbditos extranjeros" y eso se hace "maltratando a nuestros hermanos, discriminándolos y no compartiendo con ellos una pequeña parte de sus grandes riquezas", prosiguió. De ahí que el Gobierno boliviano no sólo cuestione las normas migratorias de los países europeos, sino también "la deportación diaria de bolivianos desde Madrid, y que muchos son víctimas de malos tratos en los países de destino, de discriminación, abuso y violación de derechos, especialmente los grupos vulnerables". Pese al problema de la emigración que, a su juicio, puede resolverse con voluntad, "el tema central" para el Gobierno de Choquehuanca es que "nuestra tierra está herida de muerte". El cambio del clima, la proliferación de fenómenos atmosféricos de graves consecuencias, la continúa exterminación de especies de animales y plantas o el consumo desmesurado de recursos naturales son algunas de las causas de esa enfermedad y todas ellas, dijo el canciller, son responsabilidad del comportamiento humano. "Si no revertimos este despilfarro, -advirtió- nos vamos todos, migrantes y no migrantes, blancos e indígenas, profesionales y no profesionales, europeos y no europeos". No se libra nadie de las consecuencias de una situación precaria que, según el ministro boliviano, "no es culpa del 80 por ciento de la población mundial que vivimos en situación de pobreza, es culpa de la civilización occidental". Lo que está pasando a nivel medioambiental "nos tiene que llevar a todos a asumir responsabilidades" y "estamos a tiempo, ojalá no sea tarde". Para Choquehuanca, es alentador que ya empiece a hablarse de este problema en los foros internacionales y que ya empiece a cuestionarse el modelo de desarrollo de Occidente, que es el que obliga a muchas personas a emigrar huyendo de la pobreza. Este desarrollo solo ha ofrecido dos caminos a seguir, el del socialismo y el del capitalismo y "los indígenas no estamos con ninguno de los dos caminos". El capitalismo "busca generar más capital" y el socialismo "busca la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes del hombre", mientras que "para nosotros, los indígenas, lo más importante es la vida".
Grave tráfico de niños en la frontera
Existe el convencimiento, cada vez más fuerte, de que la trata y el tráfico de niños es un delito grave que tiene impunidad en el país. Así se está comprobando en una investigación que sigue al detalle este diario en la frontera boliviano argentina, donde se han conocido casos de adultos inescrupulosos que trafican niños y niñas para explotarlos laboral y sexualmente en Argentina.
Al cónsul de Bolivia en Argentina, Alberto Gonzales, le había parecido extraño que la autoridad judicial boliviana en Villazón expedía con mucha facilidad permisos de viaje al exterior para los niños. Ese dato, además de una investigación previa, sirvió para verificar en el lugar, es decir en la localidad fronteriza de Villazón, cómo es que, en efecto, se llega incluso a comprar testigos para avalar la salida de los menores de edad.
Letreros colocados sobre las calles de Villazón, como aquel que anuncia "Abogado para menores, autorización de viajes", junto a explícitos testimonios, delatan que la trata de niños es prácticamente una actividad que se realiza todo el tiempo en la frontera. Un verdadero negocio que está violando dignidades y derechos de gente indefensa.
Es tal la actividad que 30 abogados han hecho de la legalización de autorizaciones de viaje al exterior para los niños su sustento diario, cobrando hasta 120 bolivianos por permiso y en temporadas altas hasta 100 dólares. Y como dicen que no les corresponde verificar ni firmas ni identidades, los permisos salen y salen sin la verificación de que quienes sacan a los niños son sus verdaderos padres.
En algunos casos seguro que lo son, porque se ha sabido que son los propios padres que por necesidad llevan a sus hijos a la Argentina para su explotación. Pero en la mayoría de los casos se trata de menores que han sido robados o salen extorsionados y engañados. Ya en Argentina, la situación de éstos es escalofriante. Las autoridades deben reaccionar. Bolivia está siendo señalada como un país donde el tráfico y la trata de menores es un delito sin castigo, donde al parecer entran en juego desde personal en frontera hasta redes de supuestos profesionales de justicia. Las mafias están en el país y millones de niños corren peligro.- la razon 08/10/07
Al cónsul de Bolivia en Argentina, Alberto Gonzales, le había parecido extraño que la autoridad judicial boliviana en Villazón expedía con mucha facilidad permisos de viaje al exterior para los niños. Ese dato, además de una investigación previa, sirvió para verificar en el lugar, es decir en la localidad fronteriza de Villazón, cómo es que, en efecto, se llega incluso a comprar testigos para avalar la salida de los menores de edad.
Letreros colocados sobre las calles de Villazón, como aquel que anuncia "Abogado para menores, autorización de viajes", junto a explícitos testimonios, delatan que la trata de niños es prácticamente una actividad que se realiza todo el tiempo en la frontera. Un verdadero negocio que está violando dignidades y derechos de gente indefensa.
Es tal la actividad que 30 abogados han hecho de la legalización de autorizaciones de viaje al exterior para los niños su sustento diario, cobrando hasta 120 bolivianos por permiso y en temporadas altas hasta 100 dólares. Y como dicen que no les corresponde verificar ni firmas ni identidades, los permisos salen y salen sin la verificación de que quienes sacan a los niños son sus verdaderos padres.
En algunos casos seguro que lo son, porque se ha sabido que son los propios padres que por necesidad llevan a sus hijos a la Argentina para su explotación. Pero en la mayoría de los casos se trata de menores que han sido robados o salen extorsionados y engañados. Ya en Argentina, la situación de éstos es escalofriante. Las autoridades deben reaccionar. Bolivia está siendo señalada como un país donde el tráfico y la trata de menores es un delito sin castigo, donde al parecer entran en juego desde personal en frontera hasta redes de supuestos profesionales de justicia. Las mafias están en el país y millones de niños corren peligro.- la razon 08/10/07
domingo, 7 de octubre de 2007
En la frontera se comprantestigos para sacar a niños
• EL PUNTO FRONTERIZO CON ARGENTINA • La imagen muestra el puente internacional que une Villazón (Bolivia) y La Quiaca (Argentina), por donde circulan unas 50 mil personas al día.
Avales para la salida. Con sus firmas se permite que niños y adolescentes ingresen a ese país por el paso fronterizo de Villazón.
Cobran comisiones. Los abogados tramitan las autorizaciones de viaje y cobran Bs 120 por ello, incluida la comisión del testigo.
Negocio rentable. Los garantes se repiten todo el tiempo y la demanda ha convertido a esta actividad en un negocio rentable.
Se apoyan en la norma. Abogados y el juez de partido aseguran que las licencias se emiten en función del Código vigente.
Oscar DíaZ ArnauEnviado a Villazón
Bajo el amparo de la ley, testigos pagados avalan la salida de niños y adolescentes bolivianos por la frontera que conecta a Villazón (Potosí) con la localidad argentina de La Quiaca. Por allí, adultos inescrupulosos trafican con menores de edad para explotarlos laboral y sexualmente en el vecino país, según confirmaron varias autoridades.
Hace una semana, el cónsul General de Bolivia en Argentina, Alberto Gonzáles, declaró a La Razón que, “extrañamente”, la autoridad judicial en Villazón expedía con mucha facilidad los permisos de viajes al exterior para los menores de edad.
En esa región del sur potosino, un recorrido por las oficinas de Migraciones y por los tribunales de justicia basta para constatar que tanto el Estado como la ley tienen a los menores de edad completamente indefensos.
“No todos (los bolivianos) van (a Argentina) por una situación de trabajo, hay muchos que roban también a menores de edad y que no solamente hacen la autorización (de viaje), sino que les hacen pasar por otros lugares, y especialmente por Villazón”. La afirmación corresponde al juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de ese distrito, Luis Gutiérrez, quien tajantemente dictamina que “la gente sale de aquí para ser explotada en la República Argentina”.
El principal problema se da en las autorizaciones de viajes para los menores de edad. El Código del Niño, Niña y Adolescente señala que, en caso de ausencia de uno de los padres, dos testigos del lugar donde se realiza el trámite pueden garantizar la salida de un menor fuera del país.
De esta manera, es la propia ley la que abre la posibilidad al tráfico ilegal de personas, porque en la frontera esos garantes avalan a personas desconocidas.
“Se han dado algunos casos donde vienen directamente peleando, escapando o robando a los niños, con sólo uno de los padres, y lamentablemente éste (el individuo) tramita (el permiso) acá, pone los dos garantes y sale de la República; pero ya es problema de ellos”, ejemplifica al respecto Gutiérrez.
Para rematar, los garantes reciben una comisión. “Nosotros, con todos los timbres, cobramos los 120 (bolivianos); pero eso va incluido cuando ponemos incluso a dos personas garantes, a las personas nosotros también les cancelamos (les pagan un monto de dinero), o a veces la persona (el que tramita) le cancela”, revela el presidente del Colegio de Abogados del municipio de Villazón, Arturo Salazar.
Ante la insistencia de La Razón para corroborar este dato, agrega que “nadie va a querer estampar una firma a nada (o sea gratis)”. Y justifica este acto indicando que la gente del interior del país no puede viajar con sus dos garantes, además remarca que “la ley nos avala”.
De acuerdo con el archivo reciente de la oficina de Migraciones en el lado boliviano, los garantes se repiten todo el tiempo, lo que permite inferir que no representan ninguna garantía para saber si los menores de edad pasan la frontera con sus padres o familiares verdaderos.
La gran demanda de solicitudes de autorizaciones de viajes ha convertido a este trámite en un verdadero negocio, puesto que se realiza con la intermediación de los abogados; en Villazón, los juristas beneficiados son alrededor de 50, según Salazar.
Este medio tuvo acceso a una lista de 30 abogados, cada uno de los cuales tiene asignado un día al mes para otorgar permisos por los que cobra 120 bolivianos, aunque distintas fuentes sostienen que en una determinada época de años pasados se llegó a pedir hasta 100 dólares.
Los permisos llevan la firma de Gutiérrez, titular de esta instancia judicial, pero la autoridad aclara que sólo se limita a cumplir con el artículo 169 del Código Niño, Niña, Adolescente.
“El juzgado simplemente es el que vende, el que da directamente los valores, que cuestan la suma de 10 bolivianos... Los abogados no sé cuánto cobran”, manifiesta, para luego indicar que “el abogado es el que directamente tramita todo aquello y, bueno, con el fin de ganar dinero, es posible que haga pasar a una o a otra persona”.
Afirma que los trámites de autorizaciones de viajes aumentaron este año. Por día, su juzgado expide entre cinco y 20 de estos permisos. Se trata, principalmente, de campesinos del occidente del país que, a falta de un asiento judicial en su zona, llegan a la frontera con papeles firmados por corregidores u otras autoridades de su jurisdicción; el juez recibe esta certificación, en la que se autoriza a un familiar para que viaje con los menores, y luego da vía libre al trámite.
Así lo admite el juez Gutiérrez. “Mi persona, de acuerdo a la sana crítica y a la convicción, es quien directamente otorga y le da esa autorización, porque no puede estar un día más acá, esa gente es pobre, no tiene qué comer”.
Cuando este medio le pregunta si, en general, su juzgado controla que los padres correspondan a los menores, así como las firmas de los garantes, responde: “Mire, no es mi función; pero, en la medida de nuestras posibilidades, lo hacemos, porque aquí la carga procesal es bastante. Por ello se ha podido dar con algunos problemas de falsificación de firmas´.
Más adelante, Gutiérrez aclara que él revisa la cédula, los apellidos y los dos garantes “y automáticamente autorizo”. Pero también, acepta que el juzgado tiene una abogada responsable de este trabajo recién desde hace ocho días y que esa tarea “antes no se hacía”. El Colegio de Abogados asegura que ellos toman los debidos recaudos para contrastar la documentación de los adultos y los menores, para determinar su parentesco.
Según la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), de cada siete menores de entre 13 y 17 años que viajan a Argentina con un permiso de 90 días, cinco se quedan a trabajar. El Consulado argentino en Villazón interviene cuando Migraciones remite un caso sospechoso de irregularidad, entonces, por la legislación del vecino país, se exige la presencia de los dos padres para autorizar la salida de menores, explicó su titular, Reina Sotillo.
Alrededor de 700 menores de 14 años transitan a diario por el Puente Internacional. La PMH denunció hace poco la desaparición de nueve a 11 niños por mes en el sur de Bolivia; hasta el jueves, se encontró a 24 menores, de los cuales 15 eran argentinos y 9 de nacionalidad boliviana.
Al referirse a las adolescentes, el juez Gutiérrez declaró a este diario que “la mayor parte va directamente a ser allá prostituidas, es la realidad de las cosas, no podemos ocultarlas”.
La cónsul Adjunto de Bolivia en Argentina, Doris Gonzáles, informa desde Buenos Aires que la mayoría de los niños que son trasladados a ese país a trabajar, proceden de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Potosí; “de Santa Cruz tenemos muy poquita gente, aunque siempre llegan”.
Agrega que cada mes conocen de tres a cuatro casos de papás que se presentan en ese Consulado para denunciar que sus esposas migraron a Argentina llevándose a sus hijos, sin que ellos lo hayan autorizado.
“Al mes tenemos entre tres o cuatro denuncias con esas características, de que las madres traen desde Bolivia hasta acá (Argentina) a sus hijos, sin autorización de los padres”.
El Juzgado de Partido en Villazón descubrió casos de firmas falsificadas y de suplantación de identidad. Fuentes de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (Upacom) hablan también de trata de personas que, pese a haberse detectado un solo caso, podría darse impunemente por salidas ilegales no descubiertas en el Puente Internacional o en pasos no autorizados.
En Migraciones las falencias son múltiples, comenzando por la falta de personal. La caseta ubicada en el lado boliviano del puente tiene cinco funcionarios, de los cuales sólo dos son de Upacom y trabajan en precarias condiciones, de 5.00 a 22.00 horas y de lunes a lunes. Los niños y adolescentes pagan las consecuencias con su indefensión, a menudo siendo víctimas del maltrato en un país diferente al suyo.
“Nosotros, con todos los timbres, cobramos los Bs 120; pero eso va incluido cuando ponemos incluso a dos personas garantes” (Salazar). La Razon 7/10/07
Avales para la salida. Con sus firmas se permite que niños y adolescentes ingresen a ese país por el paso fronterizo de Villazón.
Cobran comisiones. Los abogados tramitan las autorizaciones de viaje y cobran Bs 120 por ello, incluida la comisión del testigo.
Negocio rentable. Los garantes se repiten todo el tiempo y la demanda ha convertido a esta actividad en un negocio rentable.
Se apoyan en la norma. Abogados y el juez de partido aseguran que las licencias se emiten en función del Código vigente.
Oscar DíaZ ArnauEnviado a Villazón
Bajo el amparo de la ley, testigos pagados avalan la salida de niños y adolescentes bolivianos por la frontera que conecta a Villazón (Potosí) con la localidad argentina de La Quiaca. Por allí, adultos inescrupulosos trafican con menores de edad para explotarlos laboral y sexualmente en el vecino país, según confirmaron varias autoridades.
Hace una semana, el cónsul General de Bolivia en Argentina, Alberto Gonzáles, declaró a La Razón que, “extrañamente”, la autoridad judicial en Villazón expedía con mucha facilidad los permisos de viajes al exterior para los menores de edad.
En esa región del sur potosino, un recorrido por las oficinas de Migraciones y por los tribunales de justicia basta para constatar que tanto el Estado como la ley tienen a los menores de edad completamente indefensos.
“No todos (los bolivianos) van (a Argentina) por una situación de trabajo, hay muchos que roban también a menores de edad y que no solamente hacen la autorización (de viaje), sino que les hacen pasar por otros lugares, y especialmente por Villazón”. La afirmación corresponde al juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de ese distrito, Luis Gutiérrez, quien tajantemente dictamina que “la gente sale de aquí para ser explotada en la República Argentina”.
El principal problema se da en las autorizaciones de viajes para los menores de edad. El Código del Niño, Niña y Adolescente señala que, en caso de ausencia de uno de los padres, dos testigos del lugar donde se realiza el trámite pueden garantizar la salida de un menor fuera del país.
De esta manera, es la propia ley la que abre la posibilidad al tráfico ilegal de personas, porque en la frontera esos garantes avalan a personas desconocidas.
“Se han dado algunos casos donde vienen directamente peleando, escapando o robando a los niños, con sólo uno de los padres, y lamentablemente éste (el individuo) tramita (el permiso) acá, pone los dos garantes y sale de la República; pero ya es problema de ellos”, ejemplifica al respecto Gutiérrez.
Para rematar, los garantes reciben una comisión. “Nosotros, con todos los timbres, cobramos los 120 (bolivianos); pero eso va incluido cuando ponemos incluso a dos personas garantes, a las personas nosotros también les cancelamos (les pagan un monto de dinero), o a veces la persona (el que tramita) le cancela”, revela el presidente del Colegio de Abogados del municipio de Villazón, Arturo Salazar.
Ante la insistencia de La Razón para corroborar este dato, agrega que “nadie va a querer estampar una firma a nada (o sea gratis)”. Y justifica este acto indicando que la gente del interior del país no puede viajar con sus dos garantes, además remarca que “la ley nos avala”.
De acuerdo con el archivo reciente de la oficina de Migraciones en el lado boliviano, los garantes se repiten todo el tiempo, lo que permite inferir que no representan ninguna garantía para saber si los menores de edad pasan la frontera con sus padres o familiares verdaderos.
La gran demanda de solicitudes de autorizaciones de viajes ha convertido a este trámite en un verdadero negocio, puesto que se realiza con la intermediación de los abogados; en Villazón, los juristas beneficiados son alrededor de 50, según Salazar.
Este medio tuvo acceso a una lista de 30 abogados, cada uno de los cuales tiene asignado un día al mes para otorgar permisos por los que cobra 120 bolivianos, aunque distintas fuentes sostienen que en una determinada época de años pasados se llegó a pedir hasta 100 dólares.
Los permisos llevan la firma de Gutiérrez, titular de esta instancia judicial, pero la autoridad aclara que sólo se limita a cumplir con el artículo 169 del Código Niño, Niña, Adolescente.
“El juzgado simplemente es el que vende, el que da directamente los valores, que cuestan la suma de 10 bolivianos... Los abogados no sé cuánto cobran”, manifiesta, para luego indicar que “el abogado es el que directamente tramita todo aquello y, bueno, con el fin de ganar dinero, es posible que haga pasar a una o a otra persona”.
Afirma que los trámites de autorizaciones de viajes aumentaron este año. Por día, su juzgado expide entre cinco y 20 de estos permisos. Se trata, principalmente, de campesinos del occidente del país que, a falta de un asiento judicial en su zona, llegan a la frontera con papeles firmados por corregidores u otras autoridades de su jurisdicción; el juez recibe esta certificación, en la que se autoriza a un familiar para que viaje con los menores, y luego da vía libre al trámite.
Así lo admite el juez Gutiérrez. “Mi persona, de acuerdo a la sana crítica y a la convicción, es quien directamente otorga y le da esa autorización, porque no puede estar un día más acá, esa gente es pobre, no tiene qué comer”.
Cuando este medio le pregunta si, en general, su juzgado controla que los padres correspondan a los menores, así como las firmas de los garantes, responde: “Mire, no es mi función; pero, en la medida de nuestras posibilidades, lo hacemos, porque aquí la carga procesal es bastante. Por ello se ha podido dar con algunos problemas de falsificación de firmas´.
Más adelante, Gutiérrez aclara que él revisa la cédula, los apellidos y los dos garantes “y automáticamente autorizo”. Pero también, acepta que el juzgado tiene una abogada responsable de este trabajo recién desde hace ocho días y que esa tarea “antes no se hacía”. El Colegio de Abogados asegura que ellos toman los debidos recaudos para contrastar la documentación de los adultos y los menores, para determinar su parentesco.
Según la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), de cada siete menores de entre 13 y 17 años que viajan a Argentina con un permiso de 90 días, cinco se quedan a trabajar. El Consulado argentino en Villazón interviene cuando Migraciones remite un caso sospechoso de irregularidad, entonces, por la legislación del vecino país, se exige la presencia de los dos padres para autorizar la salida de menores, explicó su titular, Reina Sotillo.
Alrededor de 700 menores de 14 años transitan a diario por el Puente Internacional. La PMH denunció hace poco la desaparición de nueve a 11 niños por mes en el sur de Bolivia; hasta el jueves, se encontró a 24 menores, de los cuales 15 eran argentinos y 9 de nacionalidad boliviana.
Al referirse a las adolescentes, el juez Gutiérrez declaró a este diario que “la mayor parte va directamente a ser allá prostituidas, es la realidad de las cosas, no podemos ocultarlas”.
La cónsul Adjunto de Bolivia en Argentina, Doris Gonzáles, informa desde Buenos Aires que la mayoría de los niños que son trasladados a ese país a trabajar, proceden de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Potosí; “de Santa Cruz tenemos muy poquita gente, aunque siempre llegan”.
Agrega que cada mes conocen de tres a cuatro casos de papás que se presentan en ese Consulado para denunciar que sus esposas migraron a Argentina llevándose a sus hijos, sin que ellos lo hayan autorizado.
“Al mes tenemos entre tres o cuatro denuncias con esas características, de que las madres traen desde Bolivia hasta acá (Argentina) a sus hijos, sin autorización de los padres”.
El Juzgado de Partido en Villazón descubrió casos de firmas falsificadas y de suplantación de identidad. Fuentes de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (Upacom) hablan también de trata de personas que, pese a haberse detectado un solo caso, podría darse impunemente por salidas ilegales no descubiertas en el Puente Internacional o en pasos no autorizados.
En Migraciones las falencias son múltiples, comenzando por la falta de personal. La caseta ubicada en el lado boliviano del puente tiene cinco funcionarios, de los cuales sólo dos son de Upacom y trabajan en precarias condiciones, de 5.00 a 22.00 horas y de lunes a lunes. Los niños y adolescentes pagan las consecuencias con su indefensión, a menudo siendo víctimas del maltrato en un país diferente al suyo.
“Nosotros, con todos los timbres, cobramos los Bs 120; pero eso va incluido cuando ponemos incluso a dos personas garantes” (Salazar). La Razon 7/10/07
Los abogados se remiten a la ley para tramitar permisos
ACUSACIÓN • Aseguran que en el Puente Internacional, por donde la gente pasa de un país al otro, hay irregularidades.
• PRÁCTICA COMÚN • Un cartel ubicado en una calle de Villazón ofrece el servicio de un abogado para otorgar autorizaciones.
´Estamos apoyados por la ley, el Código de Niño, Niña y Adolescente (CNNA) es claro”, afirma el presidente del Colegio de Abogados de Villazón, Arturo Salazar, con la norma en la mano.
Más tarde, contraataca a quienes les señalan con el dedo y traspasa la responsabilidad a Migraciones de Bolivia, a Gendarmería de Argentina y a un grupo de personas que, ni bien uno llega a esta tierra potosina, ofrecen pasajes para ciudades argentinas.
Según Salazar, los abogados, en ocasiones, rechazan un permiso de viaje por falta de requisitos, pero luego se enteran de que esa gente cruzó la frontera.
“Misteriosamente, aparecen ya viajando; no hay pruebas pero sabemos por personas que lo hacen directamente... ya no van por Migraciones de Bolivia, directamente se van a Migraciones de la Argentina, donde son extorsionados”, comenta.
Implica también a Migraciones de Bolivia y a las personas que trabajan con empresas de buses ofertando pasajes a Argentina. La denuncia, sin embargo, fue desmentida por los aludidos.
Salazar lee el párrafo del Código que ampara el accionar de los juristas para realizar los trámites de autorizaciones de viajes para los niños. “En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud”, dice una parte del artículo 169.
Como mucha gente realiza el trámite en Villazón y los testigos deben ser de la misma zona, éstos terminan garantizando a ciudadanos de otras regiones, por lo tanto, a desconocidos.
En una de las paredes de la oficina de Salazar está pegada la Resolución 3/2007, del 27 de junio de este año, según la cual el Colegio estableció un rol de turnos para que, de lunes a viernes, un abogado por día pueda autorizar los viajes de menores. Los sábados no hay restricciones.
También allí se fija un arancel único de Bs 120, incluidos valores y timbres judiciales, además de prohibirse la participación de “terceros intermediarios”. Salazar recuerda que, en el pasado, los “paveros” ofrecían viajes a Argentina junto con permisos de viajes. Así, estas personas recibían un porcentaje del trámite.
El dato fue corroborado por el juez Primero de Sentencia, Robert Vargas, quien se muestra partidario de que los abogados continúen tramitando los permisos, cuidando que el arancel no sea alto, pues gente inescrupulosa despacharía órdenes judiciales de forma indiscriminada.
¿Qué dice la norma vigente?
Código • El artículo 169 del Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA) señala lo siguiente: “Los viajes al exterior serán expresamente autorizados por el juez de la niñez y adolescencia en los siguientes casos:
Uno • Cuando el niño, niña o adolescente viaje con uno solo de los padres, caso en que se requerirá la autorización expresa del otro. En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud;
Dos • Cuando el niño, niña o adolescente viaje sin sus padres, se precisará la autorización de ambos. En ausencia de uno de los progenitores, se procederá de acuerdo con el numeral anterior;
Tres • En caso de que el viaje se realice con ambos padres, no se requiere de autorización alguna, basta la presentación de documentos de identidad de ambos progenitores y del niño, niña o adolescente´.
Acerca del Código • El CNNA fue aprobado en octubre de 1999 con la Ley 2026. Establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.
Punto de vista
Usaron cédulas de adultosTRATA DE BLANCAS, una argentina llevaba a 2 niñas.
Un caso de tráfico ilegal de personas fue detectado en Migraciones Bolivia. Marisel Nélida Vázquez Zambrana, de nacionalidad argentina, llevaba a dos menores, una de 15 y otra de 14 años, naturales de Betanzos (Potosí), con cédulas de identidad de dos mayores de edad. “Ellas manifestaron que las llevaban a la fuerza, para trabajar, ellas no querían ir”, relató una fuente de Migraciones. Las menores sólo sabían vagamente que irían a trabajar en un taller.
Falsean la firma de un difuntoPERMISO FALSIFICADO, el padre del menor murió el 93.
Hugo Armando Mamani Espinoza, acompañado de Virginia Katari, portaba una autorización supuestamente firmada por los padres del menor que pretendía llevar a Argentina: Octavio Mamani y Marcelina Espinoza, sin embargo, de acuerdo con un certificado de defunción, el padre había fallecido en julio del año 1993. Por la autorización del viaje del menor y la falsificación de la firma, un abogado les habría cobrado 250 bolivianos, según fuentes extraoficiales.
El viaje no tenía autorizaciónCÉDULA FALSA, El tío de una menor la llevaba por la fuerza.
Constantino García Mejía llevaba a Buenos Aires a su sobrina R.A.G., de 17 años, sin el permiso de sus padres, aparentemente en contra de su voluntad y con una cédula de identidad de otra persona. El tío no sacó la autorización de los padres de la menor y, en su lugar, obtuvo un carnet con el que pretendía que la menor cruce la frontera. En los últimos dos meses, Migraciones de Bolivia atendió siete casos similares, aunque no todos correspondían a tráfico ilegal de personas.
Sorprenden a dos adolescentesBURLARON EL CONTROL, en el puente o usaron otro paso.
Un menor de 16 años y una de 14, ambos bolivianos, fueron sorprendidos por Gendarmería argentina en un control realizado en la localidad de Tres Cruces, Jujuy, cuando viajaban a Buenos Aires sin la debida autorización. Habían logrado burlar el control migratorio en el Puente Internacional, o quizá pasaron por un paso no autorizado. Fuentes del Puente informaron que, por lo general, los indocumentados o portadores de papeles irregulares son campesinos.
• PRÁCTICA COMÚN • Un cartel ubicado en una calle de Villazón ofrece el servicio de un abogado para otorgar autorizaciones.
´Estamos apoyados por la ley, el Código de Niño, Niña y Adolescente (CNNA) es claro”, afirma el presidente del Colegio de Abogados de Villazón, Arturo Salazar, con la norma en la mano.
Más tarde, contraataca a quienes les señalan con el dedo y traspasa la responsabilidad a Migraciones de Bolivia, a Gendarmería de Argentina y a un grupo de personas que, ni bien uno llega a esta tierra potosina, ofrecen pasajes para ciudades argentinas.
Según Salazar, los abogados, en ocasiones, rechazan un permiso de viaje por falta de requisitos, pero luego se enteran de que esa gente cruzó la frontera.
“Misteriosamente, aparecen ya viajando; no hay pruebas pero sabemos por personas que lo hacen directamente... ya no van por Migraciones de Bolivia, directamente se van a Migraciones de la Argentina, donde son extorsionados”, comenta.
Implica también a Migraciones de Bolivia y a las personas que trabajan con empresas de buses ofertando pasajes a Argentina. La denuncia, sin embargo, fue desmentida por los aludidos.
Salazar lee el párrafo del Código que ampara el accionar de los juristas para realizar los trámites de autorizaciones de viajes para los niños. “En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud”, dice una parte del artículo 169.
Como mucha gente realiza el trámite en Villazón y los testigos deben ser de la misma zona, éstos terminan garantizando a ciudadanos de otras regiones, por lo tanto, a desconocidos.
En una de las paredes de la oficina de Salazar está pegada la Resolución 3/2007, del 27 de junio de este año, según la cual el Colegio estableció un rol de turnos para que, de lunes a viernes, un abogado por día pueda autorizar los viajes de menores. Los sábados no hay restricciones.
También allí se fija un arancel único de Bs 120, incluidos valores y timbres judiciales, además de prohibirse la participación de “terceros intermediarios”. Salazar recuerda que, en el pasado, los “paveros” ofrecían viajes a Argentina junto con permisos de viajes. Así, estas personas recibían un porcentaje del trámite.
El dato fue corroborado por el juez Primero de Sentencia, Robert Vargas, quien se muestra partidario de que los abogados continúen tramitando los permisos, cuidando que el arancel no sea alto, pues gente inescrupulosa despacharía órdenes judiciales de forma indiscriminada.
¿Qué dice la norma vigente?
Código • El artículo 169 del Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA) señala lo siguiente: “Los viajes al exterior serán expresamente autorizados por el juez de la niñez y adolescencia en los siguientes casos:
Uno • Cuando el niño, niña o adolescente viaje con uno solo de los padres, caso en que se requerirá la autorización expresa del otro. En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud;
Dos • Cuando el niño, niña o adolescente viaje sin sus padres, se precisará la autorización de ambos. En ausencia de uno de los progenitores, se procederá de acuerdo con el numeral anterior;
Tres • En caso de que el viaje se realice con ambos padres, no se requiere de autorización alguna, basta la presentación de documentos de identidad de ambos progenitores y del niño, niña o adolescente´.
Acerca del Código • El CNNA fue aprobado en octubre de 1999 con la Ley 2026. Establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.
Punto de vista
Usaron cédulas de adultosTRATA DE BLANCAS, una argentina llevaba a 2 niñas.
Un caso de tráfico ilegal de personas fue detectado en Migraciones Bolivia. Marisel Nélida Vázquez Zambrana, de nacionalidad argentina, llevaba a dos menores, una de 15 y otra de 14 años, naturales de Betanzos (Potosí), con cédulas de identidad de dos mayores de edad. “Ellas manifestaron que las llevaban a la fuerza, para trabajar, ellas no querían ir”, relató una fuente de Migraciones. Las menores sólo sabían vagamente que irían a trabajar en un taller.
Falsean la firma de un difuntoPERMISO FALSIFICADO, el padre del menor murió el 93.
Hugo Armando Mamani Espinoza, acompañado de Virginia Katari, portaba una autorización supuestamente firmada por los padres del menor que pretendía llevar a Argentina: Octavio Mamani y Marcelina Espinoza, sin embargo, de acuerdo con un certificado de defunción, el padre había fallecido en julio del año 1993. Por la autorización del viaje del menor y la falsificación de la firma, un abogado les habría cobrado 250 bolivianos, según fuentes extraoficiales.
El viaje no tenía autorizaciónCÉDULA FALSA, El tío de una menor la llevaba por la fuerza.
Constantino García Mejía llevaba a Buenos Aires a su sobrina R.A.G., de 17 años, sin el permiso de sus padres, aparentemente en contra de su voluntad y con una cédula de identidad de otra persona. El tío no sacó la autorización de los padres de la menor y, en su lugar, obtuvo un carnet con el que pretendía que la menor cruce la frontera. En los últimos dos meses, Migraciones de Bolivia atendió siete casos similares, aunque no todos correspondían a tráfico ilegal de personas.
Sorprenden a dos adolescentesBURLARON EL CONTROL, en el puente o usaron otro paso.
Un menor de 16 años y una de 14, ambos bolivianos, fueron sorprendidos por Gendarmería argentina en un control realizado en la localidad de Tres Cruces, Jujuy, cuando viajaban a Buenos Aires sin la debida autorización. Habían logrado burlar el control migratorio en el Puente Internacional, o quizá pasaron por un paso no autorizado. Fuentes del Puente informaron que, por lo general, los indocumentados o portadores de papeles irregulares son campesinos.
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