La Pastoral descubre venta de niños en Desaguadero

En la frontera con Perú no hay oficinas estatales que ejerzan el control
Paso limítrofe: comerciantes atraviesan el puente de Desaguadero en un día de feria comercial
Una investigación de la Pastoral de Movilidad Humana realizada en el puesto fronterizo de Desaguadero, compartido con Perú, descubrió que en ese sector algunas familias “venden” a sus niños en 350 bolivianos o los “alquilan” por un mes en 50 a ciudadanos peruanos. La directora de esta investigación, Elizabeth Zabala, afirma: Existen “casos de venta de niños de las comunidades rurales, inclusive hay un regateo, a nosotros nos consternó mucho conocer esto porque son familias realmente pobres las que están en esta actividad”. Esta venta y alquiler de menores fue conocida a través de la oficina de la Pastoral en esa localidad fronteriza, abierta con fines investigativos y de prevención contra la trata y tráfico de seres humanos. La profesional aclaró que los propios padres ofertan a sus pequeños, por lo general en las ferias semanales en la localidad de Desaguadero. En su indagación, conocieron que son familias de las comunidades aledañas a esta localidad, una de ellas San Andrés de Machaca, las que se trasladan a ese mercado, al que asisten campesinos y turistas. Los activistas de la Pastoral de Movilidad Humana averiguaron que los menores son vendidos en un promedio de 350 bolivianos, y los dan en alquiler en 50 por mes para trabajos agrícolas en el territorio peruano. Las edades de los pequeños que son comerciados oscilan entre los 8 a 10 años, indistintamente varones y mujeres. Zabala señaló: “Peruanos los compran, (ellos) pasan la frontera porque sólo es un puente lo que separa a Bolivia del Perú que lo pueden cruzar”. Fines ilícitos La directora de la investigación sospecha, y “casi puede asegurar”, que los compradores tienen el objetivo de someterlos a una explotación laboral o sexual o, “en el peor de los casos”, para tráfico de órganos. La Pastoral todavía no formalizó la denuncia en la Policía Nacional porque todavía se está haciendo un seguimiento para identificar a las familias implicadas en este hecho. Además que en esa región no existe una instancia estatal que denuncie y/o investigue este crimen, pero en noviembre se espera que instalen una Defensoría de la Niñez y Adolescencia en ese municipio para que con ella se pueda incidir en la denuncia de venta y alquiler de niños con “más fuerza”. Los funcionarios de la Pastoral están en un proceso de organizar talleres para las familias de las comunidades comprometidas con el ilícito, para informarles que vender a sus hijos es un delito y hacer que adquieran conciencia de que al entregarlos a extraños, los pequeños son potenciales víctimas de delitos. La profesional manifestó: “No queremos hacer la persecución a los padres sin antes concienciarlos porque son tan culpables ellos, que lo hacen por necesidad, no quiero justificarlos, como el tratante que está comprando. La pena para los tratantes es de ocho a diez años”. Sin controles Observó que los controles migratorios en esa región fronteriza, como en otras del país, son deficientes y esta situación es aprovechada por los traficantes de personas. Esta problemática la identificaron también en el municipio de Villazón, límite con Argentina, por donde son sacados los menores con frecuencia y con “permisos irregulares” para fines de trata, sinónimo de explotación. En esa población, la Pastoral de Movilidad Humana forma parte de una investigación acerca de la explotación laboral contra un adolescente de 14 años, quien fue llevado desde un pueblo de Sucre para trabajar como niñero, pero terminó en una fábrica de bolsas de polietileno, de la que escapó hace dos meses y ahora se encuentra con sus padres. El caso lo investiga la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese lugar. Un censo dice que 3 millones de bolivianos migraron El director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Víctor Vacaflores, indicó que tres millones de bolivianos está fuera del país como migrantes. El dato fue mostrado ayer en el seminario “Avanzando hacia Políticas Públicas Migratorias”, organizado por el Ministerio de Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Pastoral de Movilidad Humana y otras instituciones. Vacaflores comentó que la migración “ya no es un problema, es un gran problema para el país” porque su origen es la informalidad de la economía y el desempleo. Patricia Balbuena, representante del Perú, enfocó el tema desde la constatación de que la mayoría de los migrantes de Sudamérica son mujeres, quienes realizan trabajos serviciales en el exterior, como cuidadoras de niños, ancianos, enfermos, empleadas domésticas y hasta en oficios relacionados a la prostitución y la trata de personas. De este seminario participó también el padre Indenilso Bortolotto, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana, quien informó a La Prensa que desarrollan un proyecto en los municipios fronterizos del país con el fin de prevenir la trata y tráfico de menores. “Estamos capacitando, sensibilizando, sobre esta temática para visibilizar la trata y tráfico de menores en estos lugares, y lo que se quiere es coordinar con las Defensorías del Menor, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y que puedan dar cavida al tema, para controlar y evitar esta situación”.la prensa 11/10/07