En la frontera se comprantestigos para sacar a niños

• EL PUNTO FRONTERIZO CON ARGENTINA • La imagen muestra el puente internacional que une Villazón (Bolivia) y La Quiaca (Argentina), por donde circulan unas 50 mil personas al día.
Avales para la salida. Con sus firmas se permite que niños y adolescentes ingresen a ese país por el paso fronterizo de Villazón.
Cobran comisiones. Los abogados tramitan las autorizaciones de viaje y cobran Bs 120 por ello, incluida la comisión del testigo.
Negocio rentable. Los garantes se repiten todo el tiempo y la demanda ha convertido a esta actividad en un negocio rentable.
Se apoyan en la norma. Abogados y el juez de partido aseguran que las licencias se emiten en función del Código vigente.
Oscar DíaZ ArnauEnviado a Villazón
Bajo el amparo de la ley, testigos pagados avalan la salida de niños y adolescentes bolivianos por la frontera que conecta a Villazón (Potosí) con la localidad argentina de La Quiaca. Por allí, adultos inescrupulosos trafican con menores de edad para explotarlos laboral y sexualmente en el vecino país, según confirmaron varias autoridades.
Hace una semana, el cónsul General de Bolivia en Argentina, Alberto Gonzáles, declaró a La Razón que, “extrañamente”, la autoridad judicial en Villazón expedía con mucha facilidad los permisos de viajes al exterior para los menores de edad.
En esa región del sur potosino, un recorrido por las oficinas de Migraciones y por los tribunales de justicia basta para constatar que tanto el Estado como la ley tienen a los menores de edad completamente indefensos.
“No todos (los bolivianos) van (a Argentina) por una situación de trabajo, hay muchos que roban también a menores de edad y que no solamente hacen la autorización (de viaje), sino que les hacen pasar por otros lugares, y especialmente por Villazón”. La afirmación corresponde al juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de ese distrito, Luis Gutiérrez, quien tajantemente dictamina que “la gente sale de aquí para ser explotada en la República Argentina”.
El principal problema se da en las autorizaciones de viajes para los menores de edad. El Código del Niño, Niña y Adolescente señala que, en caso de ausencia de uno de los padres, dos testigos del lugar donde se realiza el trámite pueden garantizar la salida de un menor fuera del país.
De esta manera, es la propia ley la que abre la posibilidad al tráfico ilegal de personas, porque en la frontera esos garantes avalan a personas desconocidas.
“Se han dado algunos casos donde vienen directamente peleando, escapando o robando a los niños, con sólo uno de los padres, y lamentablemente éste (el individuo) tramita (el permiso) acá, pone los dos garantes y sale de la República; pero ya es problema de ellos”, ejemplifica al respecto Gutiérrez.
Para rematar, los garantes reciben una comisión. “Nosotros, con todos los timbres, cobramos los 120 (bolivianos); pero eso va incluido cuando ponemos incluso a dos personas garantes, a las personas nosotros también les cancelamos (les pagan un monto de dinero), o a veces la persona (el que tramita) le cancela”, revela el presidente del Colegio de Abogados del municipio de Villazón, Arturo Salazar.
Ante la insistencia de La Razón para corroborar este dato, agrega que “nadie va a querer estampar una firma a nada (o sea gratis)”. Y justifica este acto indicando que la gente del interior del país no puede viajar con sus dos garantes, además remarca que “la ley nos avala”.
De acuerdo con el archivo reciente de la oficina de Migraciones en el lado boliviano, los garantes se repiten todo el tiempo, lo que permite inferir que no representan ninguna garantía para saber si los menores de edad pasan la frontera con sus padres o familiares verdaderos.
La gran demanda de solicitudes de autorizaciones de viajes ha convertido a este trámite en un verdadero negocio, puesto que se realiza con la intermediación de los abogados; en Villazón, los juristas beneficiados son alrededor de 50, según Salazar.
Este medio tuvo acceso a una lista de 30 abogados, cada uno de los cuales tiene asignado un día al mes para otorgar permisos por los que cobra 120 bolivianos, aunque distintas fuentes sostienen que en una determinada época de años pasados se llegó a pedir hasta 100 dólares.
Los permisos llevan la firma de Gutiérrez, titular de esta instancia judicial, pero la autoridad aclara que sólo se limita a cumplir con el artículo 169 del Código Niño, Niña, Adolescente.
“El juzgado simplemente es el que vende, el que da directamente los valores, que cuestan la suma de 10 bolivianos... Los abogados no sé cuánto cobran”, manifiesta, para luego indicar que “el abogado es el que directamente tramita todo aquello y, bueno, con el fin de ganar dinero, es posible que haga pasar a una o a otra persona”.
Afirma que los trámites de autorizaciones de viajes aumentaron este año. Por día, su juzgado expide entre cinco y 20 de estos permisos. Se trata, principalmente, de campesinos del occidente del país que, a falta de un asiento judicial en su zona, llegan a la frontera con papeles firmados por corregidores u otras autoridades de su jurisdicción; el juez recibe esta certificación, en la que se autoriza a un familiar para que viaje con los menores, y luego da vía libre al trámite.
Así lo admite el juez Gutiérrez. “Mi persona, de acuerdo a la sana crítica y a la convicción, es quien directamente otorga y le da esa autorización, porque no puede estar un día más acá, esa gente es pobre, no tiene qué comer”.
Cuando este medio le pregunta si, en general, su juzgado controla que los padres correspondan a los menores, así como las firmas de los garantes, responde: “Mire, no es mi función; pero, en la medida de nuestras posibilidades, lo hacemos, porque aquí la carga procesal es bastante. Por ello se ha podido dar con algunos problemas de falsificación de firmas´.
Más adelante, Gutiérrez aclara que él revisa la cédula, los apellidos y los dos garantes “y automáticamente autorizo”. Pero también, acepta que el juzgado tiene una abogada responsable de este trabajo recién desde hace ocho días y que esa tarea “antes no se hacía”. El Colegio de Abogados asegura que ellos toman los debidos recaudos para contrastar la documentación de los adultos y los menores, para determinar su parentesco.
Según la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), de cada siete menores de entre 13 y 17 años que viajan a Argentina con un permiso de 90 días, cinco se quedan a trabajar. El Consulado argentino en Villazón interviene cuando Migraciones remite un caso sospechoso de irregularidad, entonces, por la legislación del vecino país, se exige la presencia de los dos padres para autorizar la salida de menores, explicó su titular, Reina Sotillo.
Alrededor de 700 menores de 14 años transitan a diario por el Puente Internacional. La PMH denunció hace poco la desaparición de nueve a 11 niños por mes en el sur de Bolivia; hasta el jueves, se encontró a 24 menores, de los cuales 15 eran argentinos y 9 de nacionalidad boliviana.
Al referirse a las adolescentes, el juez Gutiérrez declaró a este diario que “la mayor parte va directamente a ser allá prostituidas, es la realidad de las cosas, no podemos ocultarlas”.
La cónsul Adjunto de Bolivia en Argentina, Doris Gonzáles, informa desde Buenos Aires que la mayoría de los niños que son trasladados a ese país a trabajar, proceden de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Potosí; “de Santa Cruz tenemos muy poquita gente, aunque siempre llegan”.
Agrega que cada mes conocen de tres a cuatro casos de papás que se presentan en ese Consulado para denunciar que sus esposas migraron a Argentina llevándose a sus hijos, sin que ellos lo hayan autorizado.
“Al mes tenemos entre tres o cuatro denuncias con esas características, de que las madres traen desde Bolivia hasta acá (Argentina) a sus hijos, sin autorización de los padres”.
El Juzgado de Partido en Villazón descubrió casos de firmas falsificadas y de suplantación de identidad. Fuentes de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (Upacom) hablan también de trata de personas que, pese a haberse detectado un solo caso, podría darse impunemente por salidas ilegales no descubiertas en el Puente Internacional o en pasos no autorizados.
En Migraciones las falencias son múltiples, comenzando por la falta de personal. La caseta ubicada en el lado boliviano del puente tiene cinco funcionarios, de los cuales sólo dos son de Upacom y trabajan en precarias condiciones, de 5.00 a 22.00 horas y de lunes a lunes. Los niños y adolescentes pagan las consecuencias con su indefensión, a menudo siendo víctimas del maltrato en un país diferente al suyo.
“Nosotros, con todos los timbres, cobramos los Bs 120; pero eso va incluido cuando ponemos incluso a dos personas garantes” (Salazar). La Razon 7/10/07